Entidades públicas como ADIF, Renfe, AENA, Correos, SEPES (ahora Casa47), Tragsa o Enresa gestionan servicios esenciales: infraestructuras, suelo para vivienda, logística, público o residuos.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene participación en empresas privadas como Redeia, Telefónica o Indra. Sus decisiones influyen en nuestra seguridad, en la calidad de los servicios que prestan y en el uso de miles de millones de euros de dinero público. Precisamente por eso, deberían estar dirigidas por profesionales cualificados, seleccionados mediante procedimientos abiertos, objetivos y verificables, y no por personas designadas en función de afinidades políticas o personales.
La Constitución española exige que el acceso a los puestos directivos del sector público se rija por los principios de mérito, capacidad e igualdad. Cuando estos principios se debilitan, se resiente la planificación a largo plazo, se diluye la rendición de cuentas y aumentan los riesgos para los ciudadanos.
Pero en Hay Derecho llevamos desde 2020 investigando lo que está pasando: a quién se pone al frente y cuándo se le cambia. Hemos examinado a más de 500 directivos de entidades estatales y de varias comunidades autónomas. La conclusión es demoledora: de media, un 5/10 para dirigir empresas estratégicas de nuestro país, pasa con partidos de diferente signo, medimos periodos extensos que incluyen varias legislaturas. Hay casos en los que la empresa está en manos de alguien sin experiencia previa en el sector.
También hay ejemplos de buenas prácticas, especialmente en los casos de entidades independientes en las que se exige a su máximo responsable requisitos para el puesto y que haya un mandato predeterminado, evitando la dependencia absoluta de los vaivenes del partido de turno. Al frente de las empresas públicas se puede poner a cualquiera y cesarle cuando se quiera. Esto no puede funcionar así.
La rotación es tan alta que en muchos casos hace inviable una buena dirección estratégica con planificación a largo plazo: Renfe ha tenido ocho presidentes en los últimos 20 años, otros ocho ADIF en el mismo periodo, pero es que solo en los últimos cinco años ha habido cuatro personas diferentes al frente. La empresa pública estatal del suelo (SEPES, rebautizada como Casa 47) ha tenido nueve directores en dos décadas, algunos con nula experiencia en el sector. Y los hay que gestionan suelo, Paradores o Correos. Algo falla, pero no es inevitable.
Por eso exigimos mejoras y proponemos soluciones.
¿En ninguna entidad se hace bien? Sí. Hemos encontrado casos de buenas prácticas y nos gusta señalarlas. Por ejemplo, la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. También hay personas con perfiles muy idóneos en otras entidades, pero el problema es que no puede depender de la mera suerte y que el sistema en general esté diseñado para que las empresas públicas sean capturadas por el poder político.
¿Y esto solo pasa a nivel estatal? No, por eso también vigilamos los entes públicos de comunidades autónomas, pues su creciente sector público es relevante. Empezamos con el Dedómetro de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid (2023), seguimos con Cataluña (2025) y Andalucía (2026).
¿Cómo se puede hacer?
Haciéndolo. Requiere voluntad política, no es necesaria ninguna reforma legal para abrir los procesos selectivos. Aunque una reforma legal sería buena para establecer requisitos objetivos y regular los procesos de manera clara.
Actualmente, las empresas públicas no exigen requisitos de acceso al puesto de máximo responsable. Es igual de importante evitar que haya procesos selectivos simulados, que sean un paripé para justificar puestos previamente dados.
El papel vigilante de los ciudadanos es esencial. Por eso queremos ampliar el Dedómetro de Hay Derecho. Poner la lupa sobre lo que es de todos y exigir que funcione bien, gobierne quien gobierne.
